Por segundo día consecutivo, Alfredo Álvarez expuso en su columna los peligros desapercibidos que enfrentan tanto ciudadanos como empresas que mantienen vínculos comerciales con organizaciones narcotraficantes mexicanas sin conocimiento de ello.

La reciente reclasificación de estos grupos como organizaciones terroristas ha cambiado radicalmente el panorama legal, creando un escenario donde incluso interacciones involuntarias podrían desencadenar graves consecuencias judiciales.

"Las implicaciones son profundas y potencialmente devastadoras", señaló Álvarez durante su intervención. "Cualquier persona o entidad que proporcione servicios, mantenga relaciones comerciales o facilite operaciones vinculadas a estos grupos —incluso sin conocimiento de su verdadera naturaleza— podría enfrentar cargos por colaboración con el terrorismo".

El análisis de Álvarez destaca la ambigüedad legal en la que ahora operan muchos negocios, especialmente en regiones fronterizas o áreas con fuerte presencia del narcotráfico, donde la línea entre operaciones legítimas y aquellas infiltradas por el crimen organizado se vuelve cada vez más difusa.

Las autoridades advierten que la ignorancia no constituirá una defensa viable ante los tribunales, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores empresariales que temen verse involucrados inadvertidamente en la red de consecuencias legales que esta nueva designación conlleva.

Hoy hablaremos de un tema polémico: las operaciones de la DEA en territorio mexicano y algunos casos que han generado controversia.

Comencemos con el caso más sonado: la captura de Rafael Caro Quintero en 1985 tras el asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena. Esta operación marcó un antes y después.

Sin duda. La tortura y asesinato de Camarena provocó la operación "Leyenda", donde agentes de la DEA prácticamente invadieron Guadalajara para encontrar a los responsables. Incluso secuestraron al médico que presuntamente mantuvo vivo a Camarena durante la tortura.

Más de 2000 estudiantes asesinados en lo que va de 2024 2025. Pero lo que hace esta historia aún más impactante es que detrás de cada número hay un rostro, un nombre, una familia destruida.

Y mientras tanto, el sistema educativo está colapsando. 80 escuelas cerradas por la violencia criminal. Y en Coyuca de Benítez, hay 20 planteles sin clases presenciales debido a asaltos armados contra maestros.