Por segundo día consecutivo, Alfredo Álvarez expuso en su columna los peligros desapercibidos que enfrentan tanto ciudadanos como empresas que mantienen vínculos comerciales con organizaciones narcotraficantes mexicanas sin conocimiento de ello.

La reciente reclasificación de estos grupos como organizaciones terroristas ha cambiado radicalmente el panorama legal, creando un escenario donde incluso interacciones involuntarias podrían desencadenar graves consecuencias judiciales.

"Las implicaciones son profundas y potencialmente devastadoras", señaló Álvarez durante su intervención. "Cualquier persona o entidad que proporcione servicios, mantenga relaciones comerciales o facilite operaciones vinculadas a estos grupos —incluso sin conocimiento de su verdadera naturaleza— podría enfrentar cargos por colaboración con el terrorismo".

El análisis de Álvarez destaca la ambigüedad legal en la que ahora operan muchos negocios, especialmente en regiones fronterizas o áreas con fuerte presencia del narcotráfico, donde la línea entre operaciones legítimas y aquellas infiltradas por el crimen organizado se vuelve cada vez más difusa.

Las autoridades advierten que la ignorancia no constituirá una defensa viable ante los tribunales, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores empresariales que temen verse involucrados inadvertidamente en la red de consecuencias legales que esta nueva designación conlleva.