España, ese país donde la ley es igual para todos, salvo que seas colega del jefe, estés en la pomada o caigas en la ruleta rusa de la imputación política. Esta semana, la tómbola ha escupido una bola caliente: el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido formalmente imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Y claro, el patio se ha revolucionado como convento sin misa.

España es un país peculiar: desconfiamos de los políticos, pero los votamos con fe ciega; criticamos al Gobierno en el bar, pero lo defendemos en la urna; y mientras todo se tambalea, se sigue votando al PSOE como si fuera el único refugio en mitad del naufragio institucional.

Regeneración democrática, decían. Lucha contra la desinformación, proclamaban con solemnidad. Pedro Sánchez, vestido de cruzado moderno, se alzó en su púlpito de Moncloa para predicar la buena nueva: acabar con los bulos. La maquinaria del fango debía ser desmantelada, los pseudomedios desenmascarados, los enemigos de la democracia señalados… y censurados, si era menester. Todo por el bien común, claro. Pero el problema —el de siempre— es que el barro lo pisaban ellos… y les llega hasta las cejas.

Pedro Sánchez ha salido una vez más a escena para decirnos, con esa voz templada de telepredicador, que en sus siete años de gobierno ha «regenerado la democracia». Lo ha dicho sin que se le caigan los calzoncillos al suelo de la risa, lo cual ya es un mérito. Así que, ante semejante acto de contorsionismo verbal, uno no puede sino preguntarse: ¿a qué llama este señor «democracia»? ¿Y qué demonios entiende por «regenerar»? Porque si regenerar es lo que ha hecho, que venga Montesquieu y lo vea. Ah, no, que ya lo mataron.

Hay que reconocer que el Gobierno tiene una virtud: la de la comedia involuntaria. Esta semana nos ha regalado un nuevo episodio de realismo mágico sanitario con la presentación de la Estrategia Española de Salud Global 2025-2030. Un plan que suena a himno planetario, escrito entre las nubes de la ONU y las volutas de incienso de algún foro de Davos. España, según sus autores, se erige como adalid de la salud mundial, defensora de los derechos humanos y arquitecta de un nuevo orden sanitario global. Ole, ole y ole.

Últimamente oigo a algunos rasgarse las vestiduras porque las instituciones en España se están yendo al carajo. Que si el gobierno nombra amigotes, que si no hay separación de poderes, que si los presupuestos ni están ni se les espera. ¡Pero por favor! ¿Ahora os dais cuenta? Es como si hubiéramos confiado la seguridad de un hospital a un curandero porque nos caía simpático, y luego nos indignáramos al ver recetas con pócimas de ruda y sanguijuelas.

España no es una democracia liberal, es un feudo partitocrático donde los ciudadanos votan una vez cada cuatro años y callan el resto del tiempo. No hay sistema de contrapesos, ni independencia institucional, ni dignidad parlamentaria: hay una coreografía de cartón piedra, con urnas, aforados y ruedas de prensa sin preguntas.

Últimamente están saliendo múltiples casos del gobierno y su partido político que huelen a chamusquina. Contratos opacos, colocaciones estratégicas, blindajes judiciales exprés… Y de repente, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza.

Francamente, me sorprende que sorprenda. Porque si uno abre la hemeroteca y bucea en las entrañas de la historia reciente, lo que encuentra es directamente acojonante.

Qué velocidad, qué sprint, qué donaire para el disimulo. Miguel Ángel Gallardo, exalcalde de Villanueva de la Serena, ha batido récords: menos de 24 horas entre aceptar el escaño autonómico y abrazar el cálido abrazo del aforamiento.

Tan rápido fue el movimiento que la jueza apenas tuvo tiempo de abotonarse la toga antes de que le cambiaran el terreno de juego. ¡Zas! De juzgado ordinario al Tribunal Superior de Justicia. La justicia, como el tren, depende del billete: clase turista para los mindundis, preferente para los bien colocados.