El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una propuesta para limitar la adquisición de viviendas en España por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, aplicando un impuesto estatal que podría alcanzar hasta el 100% del valor del inmueble. Esta medida busca frenar la compra especulativa y facilitar el acceso a la vivienda para los residentes, en un contexto de precios al alza y tensión social por la falta de oferta asequible

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Sin embargo, el impacto real de la propuesta sería muy limitado: según los datos oficiales de los notarios, en 2024 solo el 2,7% de todas las compraventas de vivienda en España correspondieron a extranjeros extracomunitarios no residentes, es decir, unas 18.800 operaciones sobre un total de casi 700.000 viviendas vendidas

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El gravamen, que se tramitaría como un impuesto complementario estatal, se aplicaría solo a no residentes de fuera de la UE y buscaría evitar la doble imposición restando lo ya pagado en el ITP. Los fiscalistas advierten de que la propuesta podría enfrentarse a serios problemas legales, tanto por su carácter confiscatorio como por la posible vulneración de la libre circulación de capitales, principio básico de la Unión Europea

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Entre las nacionalidades más afectadas estarían británicos y estadounidenses, aunque la mayoría de los británicos que compran vivienda en España ya residen en el país, y el resto de nacionalidades extracomunitarias representa un porcentaje aún menor de las operaciones totales

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El plan del Gobierno incluye además otras medidas fiscales para incentivar el alquiler asequible y penalizar la tenencia de viviendas vacías, así como cambios en la fiscalidad de las socimis y los pisos turísticos

. No obstante, la fragilidad parlamentaria y el posible conflicto legal hacen incierta la aprobación y aplicación efectiva de este impuesto.

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. La mayoría de las compras de extranjeros las realizan residentes en España o ciudadanos de la Unión Europea, quienes no se verían afectados por la medida.

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